Alrededor de estos días y comienzos del mes de junio se estarían cumpliendo, aproximadamente, 3 años en cuanto a los hechos más concretos suscitados, los cuales dan origen a la necesidad de presentar denuncias formales en cuanto a hostigamiento laboral por parte de las autoridades educativas mencionadas a continuación, así como negligencias y omisiones respecto de sus funciones, todo lo cual constituyen presuntos delitos administrativos.
Comenzando con mi entonces superior, la (ex)subsecretaria de Educación Básica, Myrlén Salas Dorantes, tanto la situación de hostigamiento laboral (si bien, después de ella, de manera disimulada; lo cual se conoce como “violencia pasiva”), como la inacción y evasión de responsabilidades y funciones de autoridades educativas fueron replicadas, continuadas y extendidas por los ciudadanos funcionarios Daniel Fragoso Torres y Natividad Castrejón Valdés, Subsecretario de Educación Medio Superior y Superior, así como Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo; no sobrando mencionar: secretario que fue asignado y nombrado fuera de toda preceptiva ética y legal.
En virtud de las disposiciones legales, se entiende que una falta de esta naturaleza, de hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral, cuenta con un plazo de hasta 3 años para poder ser denunciada y atendida. Por otra parte, los hechos, actos y omisiones que constituyen delitos administrativos, no sólo se han agravado y acentuado, sino extendido y multiplicado, con lo cual se puede sustentar, evidenciar y argumentar la plena flagrancia de esta acusación contra las autoridades mencionadas, como actos realizados de manera totalmente intencional y perjuiciosa, constante, continuada e impune durante toda su administración, teniendo para ello, además, el absoluto respaldo del gobernador, ciudadano Julio Menchaca Salazar, quien con ello, así, se adjudica el cohecho delictivo cometido en la Secretaría de Educación Pública, y se posiciona como autor y actor principal de la corrupción perpetuada ―desde el ejecutivo― hacia todos los niveles, aspectos y sectores del Gobierno del Estado de Hidalgo en general. Habremos de declarar, en este orden de ideas, en apego a la veracidad que todo proceso legal ha menester, que estratégica y deliberadamente se ha hecho uso del mayor tiempo legal permitido para llevar a cabo el proceso.
Dada la naturaleza compleja y sistémica en cuanto al contenido de las denuncias a realizar, así como de nuestras previsiones justificadas sobre que nuestras denuncias llegasen a ser desestimadas, desatendidas e ignoradas por las instancias y autoridades correspondientes para tal efecto, en corrupción concertada con Gobierno del Estado, es por ello que durante el tiempo transcurrido se han recabado mayores registros de hechos y evidencias que den cuenta clara y contundente sobre las materias denunciadas.
Además, gracias a la posibilidad de analizar y estudiar la manera sistemática (ante el problema sistemático) para presentar nuestras denuncias, contamos con la perspectiva para evitar que nuestras pruebas presentadas sean desechadas a la ligera, o con argumentos insuficientes; situación desafortunada que ocurre y se repite en un sinnúmero de casos como el presente. Es decir, además de simplemente presentar pruebas y relatoría de los hechos que son motivo de las denuncias, también presentaremos análisis detallados fundamentados legalmente, así como desde distintas disciplinas científicas.
Con ello buscamos que nuestra denuncia sea lo más sólida posible, con calidad análoga a la de un peritaje, haciendo necesario que el tratamiento y resolución de la misma se atenga a los estándares más rigurosos y objetivos; dificultando así que, para juzgar nuestro caso presentado, exista posibilidad de resolución errónea o manipulada por la misma corrupción denunciada.
(continuará… proceso y denuncias en marcha; ver el siguiente artículo “¿Qué es periodismo de investigación?”)
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Secretaría de Filosofía en Hidalgo 