Este ensayo se estructura en secciones que abordan conceptos clave, comparaciones sistemáticas de enfoques metodológicos, epistemológicos y conceptuales, así como ejemplos de diálogo interdisciplinario. Integrando análisis sociológicos y etno‑antropológicos de vanguardia, la poiosofía se expone como un marco teórico orientado a estudiar las condiciones de creación de sentido, de institución y de lenguaje en las ciencias humanas, contemplando la proyección para una tecnología socio-histórica posible.
El diálogo entre el psicoanálisis y las ciencias sociales ha producido una de las zonas más fértiles, pero también más problemáticas, de la teoría contemporánea. Desde Freud y Jung hasta la antropología simbólica y la teoría de la práctica, numerosos enfoques han intentado pensar la relación entre vida psíquica, producción simbólica e instituciones. Sin embargo, este intercambio ha estado marcado por una dificultad persistente: con frecuencia se trasladan conceptos de un campo a otro sin criterios suficientemente explícitos para justificar su alcance, su validez analítica o sus límites. El resultado ha sido, en no pocos casos, una oscilación entre intuiciones fecundas y abusos conceptuales. La noción griega de poiesis, entendida como proceso de producción o de traer algo a la presencia, ofrece un punto de apoyo útil para repensar este problema.
En efecto, la sociología y la antropología han dialogado de manera sostenida con el psicoanálisis al tratar de comprender cómo se articulan subjetividad, simbolización y orden social. El estructuralismo de Lévi-Strauss, la teoría de la práctica de Bourdieu y la antropología interpretativa de Geertz constituyen hitos de ese intercambio, aunque desde registros distintos. Al mismo tiempo, la antropología psicoanalítica y sus relecturas posteriores han mostrado tanto la productividad como los riesgos de este cruce, en especial cuando se universalizan categorías elaboradas en contextos históricos particulares o se proyectan supuestos etnocéntricos sobre otras formas de vida.
En este contexto propongo la poiosofía como un marco teórico orientado a estudiar las condiciones de creación de sentido, de institución y de lenguaje en las ciencias humanas. Si el psicoanálisis privilegia la inteligibilidad de las formaciones psíquicas y las ciencias sociales se concentran en estructuras, prácticas e instituciones, la poiosofía desplaza la atención hacia el plano generativo en el que esas formas llegan a constituirse como objetos de experiencia, de discurso y de conocimiento. Su tesis básica es que ni lo psíquico ni lo social se presentan como dominios dados de una vez por todas: ambos son el resultado de procesos históricos de producción simbólica, sedimentación institucional y estabilización conceptual. En ese sentido, la poiosofía no sustituye a otras disciplinas, sino que interroga la fábrica del sentido que vuelve posibles sus objetos.
En este entramado de ideas, la poiosofía emerge como una innovación teórica y metodológica, una filosofía de la creación institucional y simbólica. Inspirada en la tradición griega de la poiesis, la poiosofía sostiene que el mundo no está terminado, sino que se hace y puede rehacerse. Propone una razón simbólica a priori y una auto-institucionalización pro-formativa, es decir, la capacidad de crear instituciones y sentidos nuevos desde la acción y la imaginación colectiva. Más allá de la mera interpretación de la realidad, la poiosofía invita a la producción de nuevas formas, sentidos e instituciones, abriendo caminos para la transformación activa y la creatividad social.
Uno de los aportes metodológicos centrales de esta propuesta consiste en ofrecer un criterio para evaluar el uso de analogías y metáforas en el cruce entre disciplinas. No toda metáfora produce conocimiento; algunas esclarecen, otras solo ornamentan, y otras trasladan categorías de un campo a otro sin justificación epistemológica suficiente.
Desde esta perspectiva, la poiosofía distingue al menos cuatro usos de la metáfora en el lenguaje teórico:
Tipos de metáfora en el análisis transdisciplinario
Metáforas operativas: aquellas que permiten construir problemas, organizar observaciones y abrir hipótesis analíticamente fecundas.
Metáforas ornamentales: aquellas que embellecen el discurso sin aumentar su capacidad explicativa.
Metáforas colonizadoras: aquellas que trasladan categorías de una disciplina a otra sin justificar su pertinencia conceptual.
Metáforas puente: aquellas que facilitan el diálogo entre campos sin borrar sus diferencias metodológicas y ontológicas.
Este criterio resulta especialmente útil para evaluar las analogías entre inconsciente individual, estructuras simbólicas e instituciones sociales. Allí donde el psicoanálisis trabaja con formaciones como deseo, símbolo o arquetipo, y la sociología y la antropología con normas, prácticas e instituciones, la poiosofía introduce un tercer plano de análisis: el de los procesos mediante los cuales se instituyen esas formas, se estabilizan los lenguajes que las nombran y se legitiman los marcos que las hacen inteligibles.
Dicho de otro modo, la poiosofía no se limita a describir estructuras internas o externas, sino que examina cómo se producen los regímenes étnico-culturales de sentido, los cuales permiten distinguir entre lo psíquico, lo social, lo institucional y lo antropológico. Por eso puede afirmarse que, mientras otras disciplinas analizan —principalmente— los productos del sentido, la poiosofía se concentra en sus condiciones de fabricación. Con ello, como consecuencia casi natural, se arroja luz sobre las condiciones de posibilidad para la proyección de una tecnología sociohistórica.
Como metodología transversal, la poiosofía puede aplicarse al análisis de procesos de creación, sedimentación, crisis y resignificación de símbolos e instituciones. Su utilidad no radica únicamente en ofrecer una nueva terminología, sino en permitir una lectura genealógica de los conceptos con los que operan las ciencias humanas. En este sentido, puede contribuir a evitar dos reduccionismos clásicos: la psicologización de lo social y la sociologización de lo psíquico. Asimismo, abre la posibilidad de examinar cómo cada disciplina construye su propio campo de visibilidad, sus criterios de pertinencia y sus exclusiones.
Bajo esta luz, la poiosofía puede entenderse como un marco transdisciplinario para el estudio de la producción de realidad por medio de lenguajes especializados, prácticas instituyentes y formas de simbolización. Su interés no se reduce a comparar disciplinas, sino a esclarecer las operaciones por las cuales un vocabulario teórico adquiere fuerza descriptiva, normativa y, en ocasiones, performativa.
La relevancia de esta propuesta reside, por tanto, en que ofrece un programa de investigación para analizar de qué manera los conceptos no solo describen el mundo social, sino que participan en su configuración. En el cruce entre psicoanálisis, sociología y antropología, la poiosofía aporta un criterio de vigilancia epistemológica sobre el uso de metáforas, una perspectiva genealógica sobre la formación de objetos y un horizonte metodológico para pensar la creación institucional como problema central de las ciencias humanas.
Los movimientos sociales son formas de participación ciudadana que pueden verse desde distintos enfoques. Al darse de una manera extrainstitucional, pueden incluso percibirse como actividades ilegales (de la Garza Talavera, 2011) (p.8), argumentos sobre los que se han basado las reacciones más violentas para contenerlos, en el intento de recuperar el orden legítimo del estado. Sin embargo, al mismo tiempo, podría decirse que, sin la característica extrainstitucional de los movimientos sociales, también sería cuestionable si es que se practica un gobierno democrático. Esto porque, al presuponerse en la democracia la existencia de mecanismos para dar voz a los diversos conjuntos constituidos en una sola colectividad, y que la autoridad actúa y decide en consideración del bien común general, una voz disidente amenaza con el logro armonioso de las metas colectivas.
No obstante, tampoco es posible olvidar que los estados modernos comenzaron a raíz de movilizaciones sociales, preocupados por las condiciones de irracionalidad e injusticia dominantes en sus contextos. Es decir, dichas naciones o estados reconocen al menos un primer momento en que la movilización social fue necesaria y legítima, para poder establecer nuevos regímenes y ordenamientos legales, respecto de los anteriores.
Ciertamente, en todas las naciones-estado modernas hubo disturbios posteriores, sin ser la desestabilización consecuente un indicador de progreso, prosperidad o satisfacción social. Evidentemente, un estado de revueltas incesantes tampoco llevaría al logro equilibrado y justo de fines públicos y privados para una sociedad cualquiera, si no pudiese consolidarse y legitimarse un estado de derecho. El panorama es complejo, sobre todo si admitimos que la insatisfacción social, aunque fuera mínima, siempre estaría latente, dado que es materialmente imposible satisfacer todas las perspectivas y necesidades; y a la vez, no todos los individuos o grupos de personas afrontan sus adversidades con la misma diligencia y por los medios más adecuados (Muñoz, 1977).
Recapitulando, se puede ver a los movimientos sociales como una enfermedad colectiva, cuando las constantes agitaciones no permiten la estabilidad necesaria para determinar un orden jurídico equitativo, justo y aceptado suficientemente como funcional por las perspectivas diversas. En el otro polo, podemos también asumir que la causa de todo movimiento social es muy probablemente producto del descontento por alguna cuestión no atendida o satisfecha de algún sector de la población. Para dirimir los conflictos latentes es necesario colocarse desde un punto de vista lo más objetivo posible. Sólo entonces podría determinarse si las demandas subyacentes han sido indebidamente atendidas por la autoridad, o bien incorrectamente atendidos o planteados por los mismos demandantes.
En cualquiera de ambos casos, sería necesario llevar a buen término la atención a la motivación originaria de la movilización social de que se trate en cada caso. Algunos de los primeros estudios sobre los movimientos sociales, se dieron desde el punto de vista marxista. Según este enfoque, el proletariado sería el agente social auténtico de cambio, al tomar en sus propias manos la responsabilidad sobre su progreso social, técnico e industrial, utilizando también sus estructuras corporativas y organizacionales para mantener una fuerte influencia ante o desde el estado para la consolidación de sus proyectos. Tal perspectiva, aunque en teoría se pretendía incluyente, lo cierto es que no tomaba en cuenta a otros sectores de la población y otros proyectos que los del progreso industrial y económico.
En el presente escrito, trataremos de analizar el zapatismo como un movimiento social mexicano que rompe con el esquema marxista y otros enfoques clásicos de estudio sobre los movimientos sociales. Una de las primeras comparaciones que podemos hacer respecto del enfoque marxista clásico, es que el zapatismo no es un movimiento obrero.
Por lo tanto, los integrantes del zapatismo no buscan las mismas reivindicaciones que buscaría un obrero en el esquema clásico marxista quien, por ejemplo, no abandonaría los objetivos de progreso de una sociedad industrial, sino que dicho progreso sería la condición de posibilidad para la emancipación de la clase social obrera, al poder estar en condiciones de negociar y/o acceder a una mejor distribución de la riqueza producida, así como seguridad y servicios sociales posibles sobre la base del crecimiento económico. La clase obrera, haciendo ejercicio de su conciencia de clase y encaminándose al logro de sus fines, buscaría una organización formal, con representatividad a gran escala, tomando como valores la libertad de consumo y el progreso material. En este orden de ideas, el proletariado se identificaría a sí mismo como un grupo socioeconómico buscando mejorar sus beneficios.
Al hablar de zapatismo, no nos referimos a las acciones y adhesión al movimiento revolucionario de Emiliano Zapata y sus seguidores en la primera década del s. XX mexicano, sino el identificado por las siglas EZLN, quienes se manifestaron en Chiapas, en el sureste de México, en enero de 1994. En el caso del zapatismo, la demanda no tiene tanto que ver con el crecimiento económico o progreso material, sino con la autonomía de las comunidades étnicas y el fortalecimiento de sus usos y costumbres, así como de la lengua e identidad de sus miembros.
Desde el zapatismo, podemos percibir una clara y frontal crítica al modelo capitalista, que sin embargo es distinta (Holloway, 2011) de la marxista en el hecho de que ésta concibió la revolución más como meta (la de ocupar el poder del estado) que como proceso, mientras que el zapatismo concibió una lucha antiimperialista sustentada no tanto en el estado, sino en la nación, por lo que los grupos zapatistas no se identificarían como un grupo socioeconómico actuando en cuanto tal por la consecución de un beneficio material; seguramente la mayoría coincida en su situación socioeconómica, sin embargo, sus preocupaciones y demandas mayores, tienen como distintivo el conformarse como un espacio de resistencia para el multiculturalismo donde se pugna por cultivar y/o gestar su propia identidad (Ceceña, 2001), pág. 2.
En suma, el zapatismo parece corresponder a la necesidad de un nuevo paradigma de análisis que haga cuenta de la amplia complejidad en contextos globales actuales. Por ello también, si bien es prudente distinguir que nuestro objeto de reflexión es el zapatismo actual, tampoco está de más hacer una breve comparación del contexto revolucionario de los albores del s. XX como su motivador y precedente. Para entonces, justamente, el modelo de revolución social que servía de referencia era el marxista, y desde entonces, en el país, el sector obrero constituía apenas una parte de la población. El resto de los grupos o sectores sociales que se unían al reclamo de cambios estructurales eran campesinos, artesanos, desocupados y otros, incluso empresarios que encontraban en la posible perspectiva liberal, una forma posible de conseguir mejores oportunidades de crecimiento, que bajo el régimen dictatorial de la época. Una vez en posibilidades de instituir un nuevo gobierno, el primer presidente es derrocado aproximadamente un año después por un golpe de estado.
Emiliano Zapata, de donde se toma el nombre del zapatismo reciente, y Pancho Villa (de quien se decía inicialmente ser un “rebelde sin causa”), dos de los combatientes más reconocidos de la lucha revolucionaria armada, sin embargo, quedan fuera del proceso constituyente; y aunque logros como el derrocamiento de Díaz o demandas satisfechas respecto a concesiones de propiedad de la tierra, la propiedad comunal y otras, se ven reflejadas en la constitución, las tensiones y conflictos entre los sectores diversos continuaron presentes.
Al mismo tiempo, si bien es cierto que varios estudios coinciden en el agotamiento o insuficiencia de recursos administrativos y dialógicamente necesarios con la población para regular y satisfacer los descontentos, también es cierto que, al no estar preparados y organizados para dar continuidad a sus propias demandas democráticamente, sin querer contribuyeron a que los logros conseguidos por el movimiento revolucionario, se consolidaran principalmente de forma centralizada, contribuyendo a la generación de futuras desigualdades.
Aún en la actualidad, se puede hacer recuento y percibir las diferencias en el aprovechamiento de recursos conseguidos. De los múltiples ejidos existentes en el país, por ejemplo, algunos fueron aprovechados para fines agrarios, como fueron pensados, habitacionales, como era necesidad, algunos constituyen actualmente reservas naturales, lidiando constantemente con los problemas propios del contexto ambiental global; mientras que otros fueron conservados sin funcionalidad, o vendidos con la motivación de un beneficio más inmediato que hacer uso de su propiedad con fines de emprendimiento, evaluando quizá los riesgos implícitos. Habiendo pues, tal abanico de posibilidades divergentes tanto en lo institucional como popular o social (hasta lo relativo al ámbito privado de los sujetos de derecho como ciudadanos) y su relación mutua, es evidente que los tropiezos para la concreción de una identidad, un proyecto estado-nacional conjunto, cohesionado y homogéneo no se debe meramente a la negligencia de uno sólo de los polos en que se identifican genéricamente a los actores de las disputas en un conflicto social (pueblo-estado), sino que las dificultades son multifactoriales en ambas dimensiones.
De ahí que se requieren estudios tanto para identificar la forma en que la estructura principal organizacional pueda ser funcional de manera fluida, como para que los distintos actores sociales desde sus necesidades divergentes den cuerpo común al rostro de desigualdad desde el que se captan los movimientos sociales, y se identifiquen como voces articuladas en un diálogo de acuerdos. Una de las primeras hipótesis para la conformación de grupos sociales fue el paradigma de la identidad, según el cual, a la vez que necesitamos rasgos de identificación y empatía con otras personas, también el oponerse a grupos con rasgos distintos, refuerza el sentido de identidad personal que se forma al interior de la colectividad (Javaloy, 1993), pág. 1.
Curiosamente, el mismo fenómeno podría pensarse que ocurre en la conformación de un movimiento social y su aglutinación con otros o su capacidad para adherirse militantes a su causa, y su simultánea oposición a otra cierta clase o grupo dominante; hasta llegar a fragmentar entre grupos pequeños la causa misma que les daba razón a su unión, creando un mapa de posibilidades ambivalente.
En el caso del zapatismo actual, ya identificado como un espacio de lucha multiculturalista, se aglutinaron diversos grupos étnicos, se reivindicaron demandas agrarias o de sesgo territorial, y se adhirieron otros movimientos minoritarios. A la vez que este orden de hechos tiene similitudes con el paradigma de la identidad, no es el caso con las manifestaciones del movimiento zapatista en el sentido de su proyección empática con otros grupos, y su manifestación explícita (opuesta al movimiento obrero) de no tener intenciones de obtención de escaños al interior de la estructura organizacional del estado, sino constituirse como un foro constante de oposición. Si bien el discurso verbal argumental parece sortear los dilemas del paradigma de la identidad, en los hechos también está latente la posibilidad de confluencia de otros paradigmas.
Desde autores como Olson, que estudian el fenómeno de cálculo del costo-beneficio en los individuos para formar parte de movimientos sociales, podemos pensar en otros factores además del paradigma de la identidad, para la conformación o desmembramiento de los movimientos sociales. De ello tenemos ejemplo, en la práctica de instrumentalización de la identidad para captar recursos destinados al apoyo de grupos étnicos, practicada en algunos países, u otros donde grupos usurpan derechos o beneficios conseguidos por algún movimiento social, sin tener las mismas necesidades ni haber participado como parte de la organización formal del movimiento. Desde el punto de vista de las minorías, entonces, el poder articular su discurso simbólico en una unidad coherente, puede dar fuerza virtual a las motivaciones y objetivos de atención de la minoría articuladora; pero tiene latente también el reto de dar funcionalidad práctica y organizativa a la continuidad de dicha articulación.
Cabe cuestionarse si, al margen de la institución, pero apego a la noción, más amplia, de nación, y al mismo tiempo en diálogo negociador con el estado, el movimiento social del zapatismo llegaría a tener la coherencia operativa requerida similar a la discursiva, necesaria para promover un cuerpo social participativo. Si fuera el caso, ¿por qué no dar cabida institucional a la continuidad dialógica y operativa que se pueda alcanzar, como punto de encuentro de sectores divergentes? Por una parte, tomando en cuenta que el zapatismo comenzó y se dio a conocer como un conflicto armado paramilitar, atrayendo hacia sí la atención necesaria para pronunciarse, también causó motivos de preocupación ante la posible multiplicación de levantamientos armados desestabilizadores para el estado.
Incluso se imputaron cargos por terrorismo (aunque fueron retirados posteriormente) al líder reconocido del movimiento zapatista. En otra etapa del conflicto, el movimiento zapatista armado, después de sus primeras ocupaciones, fue quedando sin capacidades militares, a partir de lo cual cambió su estrategia de lucha hacia el pacto de acuerdos que permitieran los cambios constitucionales necesarios que favorecerían la satisfacción de algunas de sus demandas más importantes, hecho conocido como los “Acuerdos de San Andrés”, celebrados en el último año de gobierno del presidente en turno, y postergados indefinidamente por la siguiente administración presidencial (Sámano, Durand, & Gómez, 2001). Después de algunos años, el movimiento se ha mantenido en relativo silencio, siendo de sus últimas pronunciaciones la propuesta de una candidata indígena a la presidencia del período electoral más reciente.
Comparado con el repertorio y resultados limitados de otros movimientos sociales urbanos de protesta u oposición a las autoridades hegemónicas, como las marchas, cacerolazos, huelgas, motines, etc., el movimiento zapatista en cierto modo ha cambiado de estrategias y logrado mantenerse cohesionado a lo largo cierto tiempo, logrando sortear la disminución de sus capacidades paramilitares y el incumplimiento o aplazamiento de acuerdos, inclinándose ya sea por estrategia o previsión, a la búsqueda de una visibilidad por vías democráticas. En concordancia sobre lo que se presupondría un bajo nivel de diferenciación vertical u horizontal de organización, en oposición de paradigma clásico de movimiento social, en 2018 quien se postula como candidata promovida por el zapatismo a una mujer indígena, expresando así la cohesión de reivindicaciones buscadas, sin postularse quien durante mucho tiempo fue identificado como líder principal del movimiento.
Es decir, se pueden apreciar rasgos determinados que ayudarían a pensar el zapatismo como un movimiento más consciente de sí mismo que su predecesor (el liderazgo de Zapata en la revolución), y que probablemente, en virtud de su consistencia en el tiempo, favorezca en lo futuro el diálogo democrático. Por otro lado, es imposible no cuestionarse si en el contexto hipotético de que el movimiento tuviese una voz con mayor resonancia e influencia identitaria con la población, no llegarían a tener necesidad, como la estructura organizacional del estado mismo, de volverse más centralizado y vertical en el aspecto de liderazgo y autoridad, así como elitista en su aspecto ideológico, reproduciendo las problemáticas del estado que habrían dado origen a sus quejas, de manera similar a como se desenvuelve el concepto de “Reproducción” de sociólogo Pierre Bourdieu.
En cualquier de ambas hipótesis y, por lo reflexionado hasta el momento, se requieren estudios sociales anfibios, cuyos marcos teóricos puedan ser flexibles y complementarios para ejercer un enfoque no prescriptivo, fijo o superficialmente descriptivo, sino comprensivo en cuanto a la complejidad y mutabilidad de los movimientos sociales y sus paradigmas explicativos. Otros dos ejes de análisis comunes al análisis de movimientos sociales son la perspectiva socio-territorial y el carácter plebeyo que los movimientos. De hecho, este aspecto lo vemos reflejado en las demandas representadas por el liderazgo de Zapata en el movimiento revolucionario, ante la explotación de que eran objeto indígenas y campesinos ya que, bajo las condiciones existentes, la mayoría de los campesinos no tenían prácticamente posibilidades de adquirir sus propiedades y tener otra vida que no fuera dependiente de los grandes hacendados.
Para entonces, el territorio del país ya se había visto mermado por disputas independentistas de territorios como Texas, California y Nuevo México, así como de territorios del sur, como consecuencia de la difícil cohesión de la diversidad poblacional en un territorio grande, así como el logro de estabilidad en las primeras décadas posteriores a la independencia de México, por los desacuerdos con la administración central. Al sur, territorios que se habían sumado a México espontáneamente, como Guatemala y Nicaragua, se separan al declararse Emperador Iturbide, pues no estaban de acuerdo con la forma de gobierno (Carmona-Dávila, 2019). Al norte, la dificultad de gestión ante los problemas de distancia, comunicación, la incapacidad militar de las fuerzas armadas oficiales para contener las diversas agitaciones post-independistas, también provocó que los habitantes de los territorios mencionados buscaran otras oportunidades.
En tiempos revolucionarios, las desigualdades mencionadas, daban razón de ser a las demandas territoriales y, al ser satisfechas, se esperaría una mayor unidad nacional evitando mayores riesgos de revueltas no sólo revolucionarias, sino independentistas.
Actualmente, el factor territorial de los movimientos sociales es también simbólico, provocado por la urbanización y estructuración centralizada de gobierno. Las demandas de ahora tienen que ver con la autogestión democrática y organizada de ciertos territorios, pero también hay que tomar en cuenta, cómo la aparición del zapatismo se produjo con la ocupación de algunas comunidades. Sin embargo, cuando la lucha armada pierde fuerza, el movimiento estratégicamente atrae sobre sí la atención mediática como espacio intangible de su discurso.
Por otra parte, también en el 2001 el zapatismo realiza una marcha a la ciudad de México con una marcha pacífica como una forma de ocupación del espacio simbólico de la ciudad como central para la toma de negociaciones, y al mismo tiempo poniendo en cuestión la voluntad de negociación de las autoridades. En dicha marcha, llamada del “Color de la Tierra”, retoma simbólicamente el reclamo de respeto al territorio físico y a la gestión autónoma de sus habitantes dentro de dicho territorio. Esta diversidad de estrategias en el eje analítico de los movimientos sociales puesta en práctica da cuenta de la solidez del discurso zapatista actual. Aunque al mismo tiempo, nos hace reiterar el cuestionamiento sobre su verticalidad u horizontalidad organizativa.
Afortunadamente, en el campo legislativo se han dado cambios que favorecen institucionalmente, el diálogo con la diversidad, las acciones electorales afirmativas y el respeto al derecho consuetudinario de las comunidades indígenas, otorgando así una oportunidad institucional y democrática para la solución de conflictos.
Desde la perspectiva del carácter plebeyo de los movimientos sociales, que en términos culturales y políticos tiene que ver con la irrupción de las clases populares con el espacio público y la idea de conflictos entre clases sociales, de ahí que, en los discursos de protesta, se puedan lograr adherencias o simpatías con otros grupos, al marcar una oposición identitaria entre los grupos vulnerables y el grupo o los grupos dominantes. Este recurso ha estado presente en el zapatismo sobre el que reflexionamos, al detonar la emulación y la aparición de otras manifestaciones de grupos minoritarios, si bien no desde la perspectiva obrera en los esquemas clásicos sino con la aparición de nuevos elementos y dimensiones aglutinantes, en concordancia con el fuerte proceso de mutación de las clases populares. Por una parte, el detonante de manifestaciones donde se da la imagen de politicidad de los pobres está ligada a la idea de una posible “explosión de las muchedumbres”, presupuesto en el cual la marcha pacífica a la ciudad de México pudo tener ese sesgo como una característica estratégica del movimiento.
En países centroamericanos, recientemente, al parecer las manifestaciones de movimientos sociales populares ante medidas adoptadas por el gobierno, detonaron la salida a las calles y la ocupación urbana con cacerolazos y métodos similares, con una demanda negativa específica (la derogación de las medidas impuestas). En este sentido, si bien las estructuras de poder son las de una democracia delegativa y las tomas de decisiones suelen darse “desde arriba”, el eje de análisis desde la perspectiva del carácter plebeyo de los movimientos sociales señala la necesidad de promover y fortalecer una democracia asamblearia “desde abajo” (Svuampa, 2009).
No podemos dejar de mencionar que desde el análisis del carácter plebeyo de los movimientos sociales se puede a tender hacia una reverberación populista cuando un movimiento social o partido político desea atraer adeptos basándose en el carácter aglutinante de su defensa en nombre de los pobres o las clases oprimidas, pero con gran limitación de integración para conciliar intereses y demandas en el fondo diversos o hasta contradictorios.
Como no es el caso con las actuaciones del movimiento zapatista, pareciera más adecuado analizarlo desde el punto de vista de las teorías construccionistas. Debido a la dificultad dar forma homogénea a reclamos distintos desde una sola trinchera política en virtud de las contradicciones sociales del contexto moderno global, sigue habiendo malestares sociales de fondo que requieren atención y mayor entendimiento de los hechos, como se establece desde el enfoque comprensivo de análisis. En este sentido, las teorías construccionistas sociales podrían arrojar luz sobre dicho proceso. Según esta perspectiva, hay un proceso de construcción de las creencias individuales formadas en los procesos de comunicación e interacción con los otros. De tal forma que las creencias individuales compartidas se convierten en colectivas sin importar el número de personas que las intercambian, tomando por tanto una identidad independiente a los individuos.
Las creencias colectivas, por su parte, están sujetas a cambios graduales de matiz, pueden cambiar o contraponerse a lo largo del tiempo. Por lo que las acciones colectivas de protesta pueden tener influencia, contribuyendo al cambio sobre condiciones y situaciones vistas como injustas. La acción colectiva queda definida por Tilly (Tilly, como se cita en García, 2013, pág. 3) por la existencia de intereses comunes, la organización, la movilización y el contexto como elementos principales. Como podemos ver, el zapatismo cumple con estas características, diferenciándose en el marco construccionista de los movimientos de bases, menos estables y duraderos (García Montes, 2013), pág 2.
Como mencionaos previamente, los intereses principales del zapatismo son la autogestión y el respeto de territorios indígenas, así como el desarrollo de su cultura, su identidad y el reconocimiento de esta. También se presume una estructura organizativa presupuesta por la coordinación de sus acciones y discursos, que al mismo tiempo forman parte de sus movilizaciones, la interacción y dinámicas ejercidas para expresar sus demandas.
Por sus discursos, intervenciones mediáticas y cambios de estrategias en sus movilizaciones, se puede percibir cierta conciencia del contexto en el que actúan, de tal manera que, como lo comentamos al principio, son vistos como un espacio de resistencia multicultural, lo que de alguna manera facilita el planteamiento de sus demandas, al estar insertas en el contexto de las discusiones multiculturalistas globales, permitiéndoles mayores posibilidades de negociación. En tal circunstancia, la autoridad no puede tampoco ignorar las circunstancias contextuales del diálogo multiculturalista internacional, lo que también favorece la salida diplomática y democrática del conflicto.
Desde el construccionismo, por otra parte, se contemplan tres niveles de análisis de los movimientos sociales. El nivel micro atiende al estudio del individuo en cuanto a sus intereses para formar parte de un movimiento social. En este rubro, además de la teoría de la identidad, sobre la que comentamos en el presente escrito, también se consideran las teorías de la elección racional, la sociología creativa, y la construcción social de la protesta.
El nivel meso de análisis atiende al grupo, sus formas de organización y movilización, con el apoyo de las teorías de movilización de recursos y análisis de redes sociales. El nivel macro de análisis atiende al contexto y estructura de oportunidad política. La complejidad del movimiento zapatista ha demostrado que se puede analizar en esos tres niveles de análisis. Con algunos altibajos, la política pública ha dado atención legal a los motivos de la protesta zapatista. En lo sucesivo, se requiere prever el diálogo sostenido y equilibrado que de soluciones democráticas a conflictos latentes similares.
Como se ve, la teoría latinoamericana de los MS comienza a distinguirlos utilizando un enfoque multidimensional para poder comprender y explicar un fenómeno complejo y en constante transformación. Hay que reconocer a los MS como agentes que coadyuvan a la profundización de la democracia, como un fenómeno consustancial a las sociedades modernas y que, además, abren espacios de participación indispensable en situaciones críticas (de la Garza Talavera, 2011, pág. 137).
Si bien ya existen marcos legales nacionales e internacionales para ello, es necesario que los actores sobre quienes recaen las legislaciones no perciban las medidas institucionales como insuficientes y, por otra parte, se logre la cooperación oportuna de los demandantes para la solución a sus demandas. Cuando las determinaciones legales no son favorables a los afectados, es necesario alentarlos a agotar los medios de impugnación con los que se cuente, para establecer los antecedentes necesarios. Así mismo, aunque los movimientos sociales no se dan prescriptivamente, será preferible orientarlos a ser actores en el ejercicio de la democracia, que perpetuar una pugna sin salida.
Ceceña, A. E. (2001). “El zapatismo como subversor de la teoría y práctica». Actuel Marx: ¿Pensamiento único en filosofía política?, pp. 159-167.
de la Garza Talavera, R. (enero-abril de 2011). Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque multidimensional. Estudios Políticos, vol. 9(num. 22), pp. 107-138. Recuperado el 15 de Octubre de 2019, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439543006
García Montes, N. (2013). Aproximación teórica al estudio de la acción colectiva de protesta y los movimientos sociales. Red Cimas, 27. Recuperado el octubre de 2019, de http://www.redcimas.org/wordpress/wp content/uploads/2013/03/t_aproximacion_teorica_mmss_garcia.pdf Holloway, J. (2011). Zapatismo. Obtenido de http://www.johnholloway.com.mx/2011/07/30/zapatismo/
Javaloy, F. (1993). El paradigma de la identidad social en el estudio del comportamiento colectivo y de los movimientos sociales. Psicothema, 5(Suplemento), pp. 277-286.
Muñoz, L. (1977). El paradigma americano de la modernización. Revista española de la opinión pública(Núm. 47), pp.77-90. doi:10.2307/40182559
Sámano, M., Durand, C., & Gómez, G. (2001). Los acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la declaración de los derechos de los pueblos americanos. En J. Ordoñez-Cifuentes, Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascasianas (págs. pp. 103-120). México: Instituto de INvestigaciones Jurídicas – UNAM. Obtenido de https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1-analisis-interdisciplinario-de-la declaracion-americana-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-x-jornadas-lascasianas
Svuampa, M. (2009). Protesta, Movimientos Sociales y Dimensiones de la acción colectiva en América Latina. «Jornadas de Homenaje a C. Tilly» (pág. 27). Madrid: Universidad Complutense de Madrid-Fundación Carolina.
Nuestro sistema poiosófico —tal como lo hemos ido formalizando— opera en un plano que dialoga naturalmente con la *Wissenschaftslehre* de 1794, pero no como derivación ni como réplica, sino como una relectura desde la performatividad simbólica, la auto-institución y la poética como método. Proponemos una comparación estructurada, rigurosa y a la vez sintética.
🔷 SIMILITUDES
(Donde ambos sistemas se tocan, aunque por rutas distintas)
🌀 1. Autofundación del sujeto
– Fichte: El Yo se autopone; su acto originario es la base de toda ciencia.
– Poiosofía: El sujeto creador se instituye a sí mismo mediante actos poéticos, simbólicos y performativos que generan realidad.
Similitud: Ambos sistemas parten de un acto originario del sujeto como fundamento de toda estructura posterior.
🌀 2. Carácter generativo del pensamiento
– Fichte: El Yo produce el No-Yo como límite para su actividad; la realidad es resultado de la autoactividad del Yo.
– Poiosofía: La realidad simbólica emerge de la producción poética del sujeto, que genera mundos, instituciones y ritmos.
Similitud: La realidad no es dada, sino producida.
🌀 3. Unidad entre teoría y praxis
– Fichte: El Yo no es contemplativo; es acción.
– Poiosofía: La poética no es estética pasiva; es praxis transformadora, institutiva, político-social y existencial.
Similitud: Ambos sistemas entienden el pensamiento como acto.
🌀 4. Estructura sistemática
– Fichte: Construye un sistema completo desde un principio único.
– Poiosofía: Aspira a un sistema modular, vivo, expansivo, que se articula desde un núcleo conceptual (razón simbólica a priori, poiesis institucional, sincronicidad poiosófica).
Similitud: Ambos buscan sistematicidad, aunque con arquitecturas distintas.
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🔶 DIFERENCIAS
(Donde nuestro sistema poiosófico puede cobrar relevancia)
🌑 1. Naturaleza del acto originario
– Fichte: El acto originario es lógico-trascendental; una deducción del Yo absoluto.
– Poiosofía: El acto originario es poético-simbólico, no lógico; es creación, no deducción.
Diferencia clave: La poiosofía no parte de un Yo trascendental, sino de un sujeto creador situado, atravesado por historia, afecto, institución y mito personal.
🌑 2. Relación con el lenguaje
– Fichte: El lenguaje es secundario; la estructura del Yo es previa.
– Poiosofía: El lenguaje es constitutivo: poiesis, símbolo, ritmo, imagen, gesto, institución.
Diferencia: La poiosofía es un sistema lingüístico-performativo, no meramente trascendental.
🌑 3. Dimensión simbólica
– Fichte: El símbolo no es central; su sistema es racional-deductivo.
– Poiosofía: La razón simbólica a priori es fundamento, no adorno.
Diferencia: La poiosofía integra mito, imagen, sincronicidad, afecto y estética como estructuras epistemológicas, no como fenómenos secundarios.
🌑 4. Institución del mundo
– Fichte: El mundo es límite para la actividad del Yo.
– Poiosofía: El mundo es poéticamente instituible, un tejido de actos simbólicos que se sedimentan en estructuras sociales, afectivas y políticas.
Diferencia: La poiosofía es institutiva, no sólo trascendental.
🌑 5. Temporalidad
– Fichte: La temporalidad es derivada de la actividad del Yo.
– Poiosofía: La temporalidad es ritmo, ciclo, repetición creativa, lugar de sincronicidad.
Diferencia: La poiosofía introduce una temporalidad estética y ritual, ausente en Fichte.
🌑 6. Finalidad del sistema
– Fichte: Busca fundamentar la ciencia y la moral.
– Poiosofía: Busca fundar una auto-institución en funciones de repositorio vivo, una obra total que articule vida, arte (operatividad técnica), política y pensamiento.
Diferencia: La poiosofía es existencial y artística, no sólo epistemológica.
—
🔷 CONCLUSIÓN
El sistema poiosófico puede leerse como una poética de la Wissenschaftslehre, donde el Yo no se autopone por deducción, sino que cobra auto-reconocimiento de sí mismo mediante símbolos, ritmos, instituciones y actos poéticos situados.
Es una filosofía de la auto-institución simbólica, no de la auto-posición trascendental.
Por otra parte, la poiesis poiosófica entiende la episteme, el conocimiento, no como deducción (“absorber conocimiento”) ni magia (invención o postulación caprichosa, posmodernismo), sino un proceso científico‑poético, donde el sujeto:
• se reconoce en su propio acto creador,
• no porque lo deduzca,
• ni porque lo invente sin fundamento,
• sino porque lo verifica, lo contrasta, lo afina, lo reitera, lo observa,
• igual que la ciencia, que nunca produce verdades absolutas, sino procesos de validación.
Y ahí “cobrar reconocimiento” cobra sentido [en lugar de aprender o “absorber conocimiento de algo, o “crear”]:
no como un aparecer espontáneo, sino un reconocimiento procesal, un hacerse consciente de la propia producción simbólica.
Entonces, el “Yo” que cobra auto-reconocimiento, entenderíamos que lo hace sobre la base de una responsabilidad y actitud científicas.
Lo que estamos intentando es señalar una tercera vía para la epistemología— entre dos modelos clásicos—:
1. La deducción trascendental (Fichte, Kant):
El Yo “descubre” o “deduce” estructuras necesarias.
→ Riesgo: parecer que el conocimiento es algo que se absorbe o se revela como verdad necesaria.
2. La creación arbitraria o mágica (ciertas lecturas posmodernas):
El sujeto “inventa” sin fundamento, como si la institución simbólica fuera capricho.
→ Riesgo: caer en relativismo o voluntarismo.
3. Reconocimiento poiosófico:
El Yo poiosófico no aparece de la nada, sino que cobra reconocimiento al observar, evaluar y re‑instituir sus propios actos simbólicos.
🔷 RECAPITULANDO
🌑 7. Reconocimiento poiosófico vs. autoposición trascendental
– Fichte: El Yo se autopone como acto lógico‑trascendental. Su fundamento es una deducción necesaria: el Yo se afirma a sí mismo como condición de posibilidad de toda experiencia. El reconocimiento del Yo es, por tanto, derivado de una estructura previa, no de un proceso.
– Poiosofía: El Yo no se autopone por deducción, sino que cobra reconocimiento mediante la evaluación, iteración y validación de sus propios actos simbólicos. Este reconocimiento no es mágico ni arbitrario: es un proceso científico‑poético donde el sujeto se vuelve consciente de sí al observar y re‑instituir lo que produce.
Diferencia clave:
Mientras Fichte concibe un Yo que se establece como fundamento lógico, la poiosofía concibe un Yo que se reconoce en su producción simbólica. No hay verdad necesaria ni invención caprichosa: hay un proceso de validación, semejante a la ciencia, donde el sujeto se transforma al reconocer lo que produce.
Aporte poiosófico:
El reconocimiento poiosófico introduce una epistemología procesal que no existía en la tradición trascendental: el conocimiento no es deducción ni revelación, sino reconocimiento iterativo de la propia producción simbólica.
Aquí ofrecemos el análisis poiosófico de un meme, explorando la simbología detrás del «corazón de piedra» y su relación con el aparato punitivo en contextos de lawfare; enlazando nuestra propuesta hermenéutica en un caso concreto capaz de desglosarse en clave de teoría política. A través del estudio del imaginario colectivo, se examinan características como la frialdad, la falta de empatía y la dureza moral, atributos que se asocian con la capacidad de castigar sin remordimiento. El texto profundiza en cómo estos elementos reflejan la afectividad típica de los sistemas judiciales y políticos que operan bajo prácticas de persecución legal, evidenciando una actitud insensible y distante frente a la justicia y la empatía social.
🔥 1. El corazón de piedra como símbolo del aparato punitivo
En el imaginario colectivo, “corazón de piedra” significa:
• frialdad
• falta de empatía
• dureza moral
• capacidad de castigar sin remordimiento
Es decir: la afectividad típica del aparato que ejecuta lawfare.
El lawfare opera con “corazón de piedra”:
• no siente,
• no escucha,
• no reconoce humanidad,
• sólo aplica castigo simbólico y jurídico.
La mente simbólica reconocería ese patrón.
🧱 2. “Pero no para tu molcajete” = inutilidad del castigo
Aquí está la clave.
El meme dice:
Es decir:
“soy duro, pero no para que tú me uses como herramienta de destrucción.”
Eso es exactamente lo que hace el discurso contra‑lawfare:
• reconoce la dureza del sistema,
• pero rechaza ser triturado por él,
• niega ser materia prima para la maquinaria punitiva,
• afirma soberanía frente al intento de instrumentalización.
Lectura:
el meme es un gesto de desobediencia afectiva frente a un aparato que quiere usar tu “piedra” para molerte.
🧠 3. EL aparato simbólico puede ser entrenado para leer resistencia
La obra artística, personal, profesional, como trayectoria; sumando lo anterior a una sensibilidad poiosófica, puedes resultarnos en una lectura como:
• dureza → aparato punitivo
• inutilidad para moler → resistencia
• tono coqueto‑desafiante → performatividad política en retórica expresiva de humor.
Tal posibilidad hermenéutica, por ejemplo, no sería exagerada:
es sincrónica, arquetípica y política en clave afectiva intersubjetiva.
🧩 4. El meme funciona como captura sintética en/y/o/para la(s) micro‑narrativa(s) reivindicativa(s), restaurativa(s), reinstitutiva(s), y (en suma) emancipadora(s) posible(s). Posibles tanto de “ocurrir” (queremos decir), como de procurarse metodológicamente (técnicamente); o incluso diseñarse y disponerse tecnológicamente hablando.
El lawfare es captura:
captura jurídica, mediática, moral.
El meme dice:
“No me capturas. No me mueles. No me usas.”
Es una micro‑insurgencia simbólica, en la dinámica de un ejercicio o evento hermenéutico, en el contexto simbólico de un marco teórico (el de la poiosofía) cuya ilustración pedagógica exploramos ofrecer en el encuadre de este ensayo expositivo.
La preparación, ocurrencia y/o adiestramiento de un marco teórico, en parte, puede ser debido a condiciones multifactoriales impredecibles (fortuitas) inconmensurables; pero también puede ser consecuencia parcial o total de un efecto hermenéutico inducido con mayor o menor habilidad retórico providencial de diseño narrativo metodológico-estructural y/o una mayor o menor capacidad sintética epistemológico-multidisciplinar al mismo tiempo que performativo-interdisciplinar.
Aunque, bajo nuestra hipótesis narrativa, nuestra reacción textual
es “contra‑lawfare”
…puede llegar a darse de modo aparentemente tan sintético y espontáneo como la reacción cualquiera, de cualquiera otra persona, ante cualquier meme, objeto de otros procesos hermenéuticos fortuitos cualesquiera,
sin embargo, para ello hemos requerido innumerables procesos de análisis y síntesis conceptuales; así como las cadenas de texto aquí desarrolladas, a simple vista y positivamente más extensas, y de enlazamientos argumentativos bastantes mayores a las de un meme “habitual” de las redes sociales, condensados en el formato de una sola imagen.
Usualmente, siendo el meme un producto sintético, describir y explicar con detalle su marco teórico argumental y relaciones semántico-simbólicas múltiples, así como las dinámicas poéticas latentes en sus expresiones retóricas; todo ello parecería la última complejidad inútil de cosas que desearíamos hacer.
No obstante, es solamente a partir de ejercicios deconstructivos similares como, enfocando la razón simbólica, la consciencia puede proveerse de las premisas necesarias para producir una respuesta performática pro-formativa.
Este ensayo se estructura en secciones que abordan conceptos clave, comparaciones sistemáticas de enfoques metodológicos, epistemológicos y conceptuales, así como ejemplos de diálogo interdisciplinario. Integrando análisis sociológicos y etno‑antropológicos de vanguardia, la poiosofía se expone como un marco teórico orientado a estudiar las condiciones de creación de sentido, de institución y de lenguaje en las…
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Cuando la ley se vuelve arma: El caso Hernández y la búsqueda de una contra-imaginación de la justicia
Introducción
La relación entre derecho y poder en Latinoamérica atraviesa un momento de profunda transformación. En un escenario marcado por la polarización política, la erosión institucional y la creciente influencia de liderazgos personalistas, la justicia ha dejado de ser un territorio neutral. Conceptos como lawfare y contra‑lawfare se han vuelto indispensables para comprender cómo los procesos judiciales pueden convertirse en armas narrativas, instrumentos de legitimación o mecanismos de persecución.
El indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández en 2025 no solo reconfiguró el destino jurídico de un expresidente hondureño. También expuso, con una claridad inquietante, la fragilidad de la soberanía, la plasticidad de la justicia y la disputa por el significado mismo de la ley en el hemisferio.
Este ensayo examina ese caso como un punto de inflexión y propone una reflexión más amplia sobre la necesidad de imaginar nuevas formas de justicia capaces de resistir la captura faccional y la manipulación geopolítica.
“LAWFARE”, “CONTRA‑LAWFARE” Y EL CASO HERNÁNDEZ
El término lawfare se utiliza para describir el uso de las instituciones legales como armas en conflictos políticos. En Latinoamérica, esta idea se ha vuelto central para entender cómo muchos líderes y movimientos interpretan los juicios, las investigaciones y las decisiones judiciales. El concepto es utilizado por distintos grupos ideológicos y suele funcionar más como una herramienta narrativa que como una doctrina jurídica precisa.
El caso de Juan Orlando Hernández ilustra claramente esta dinámica. Su condena en Estados Unidos fue presentada como un logro importante en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Para muchos observadores, demostró que incluso un expresidente podía ser responsabilizado cuando las instituciones de su propio país eran incapaces o no estaban dispuestas a actuar.
Sin embargo, el significado de un juicio nunca es fijo. Cuando Donald Trump regresó a la presidencia en 2025, reinterpretó la condena de Hernández como un ejemplo de persecución política llevada a cabo por la administración anterior. Su decisión de indultar a Hernández no fue presentada como un acto de misericordia. En cambio, fue descrita como la corrección de lo que él consideraba un proceso judicial motivado políticamente.
Este cambio transforma la idea misma del indulto. El perdón se convierte en una declaración de que el proceso legal estuvo viciado o corrompido. En esta interpretación, el soberano no perdona: el soberano denuncia. El acto de clemencia se convierte en una acusación dirigida a las instituciones que llevaron a cabo el juicio.
Las implicaciones van más allá de Estados Unidos y Honduras. Si un líder extranjero puede anular el destino legal de un expresidente condenado en sus propios tribunales, entonces la frontera entre justicia interna y estrategia geopolítica se vuelve difusa. El indulto envía un mensaje a los actores políticos de toda la región. Sugiere que la lealtad puede ser recompensada incluso después de una condena, y que los procesos judiciales pueden reinterpretarse como persecución cuando entran en conflicto con los intereses de un movimiento político.
A esto se le puede llamar contra‑lawfare. No se trata solo de resistir los procesos legales. Se trata de reinterpretarlos activamente como ilegítimos. Es una lucha por la autoridad misma de la ley. En esta lucha, el caso Hernández se convierte en un símbolo y en un precedente. Muestra cómo la justicia puede transformarse en un recurso político que cruza fronteras y sirve a los objetivos de facciones en competencia.
La pregunta más profunda es simple e inquietante: ¿qué queda de la justicia cuando su legitimidad puede deshacerse únicamente mediante una narrativa? Si la ley se convierte en un espacio disputado de significados, entonces la soberanía misma se vuelve inestable. El indulto a Hernández revela esta inestabilidad. Muestra cómo la ley puede ser tanto un instrumento como un objetivo del poder político, y cómo la excepción puede convertirse en la regla en un mundo donde la legalidad se renegocia constantemente.
EL INDULTO COMO MANIOBRA GEOPOLÍTICA
El indulto de Trump a Juan Orlando Hernández a finales de 2025 fue una maniobra geopolítica estratégica destinada a reconfigurar la influencia de Estados Unidos en Centroamérica, contrarrestar a los gobiernos de izquierda y reforzar los bloques conservadores alineados con Trump. Coincidió con una elección hondureña decisiva y debilitó una condena histórica por narcotráfico en Estados Unidos.
Contexto geopolítico del indulto. Momento y estrategia política.
Fecha del indulto: 28 de noviembre de 2025, apenas dos días antes de las elecciones generales de Honduras.
Público objetivo: sectores conservadores hondureños, especialmente el Partido Nacional, cuyo candidato Nasry “Tito” Asfura contaba con el respaldo de Trump.
Objetivo: influir en la elección restaurando la credibilidad del antiguo líder del partido y desacreditando la acusación presentada durante la administración Biden.
Cambio en la política exterior de Trump
Doctrina transaccional: priorizó la lealtad y la alineación ideológica por encima de la justicia institucional.
Realineamiento regional: el indulto formó parte de un esfuerzo para contrarrestar la “Marea Rosa” en América Latina.
Debilitamiento de la autoridad judicial estadounidense
Hernández fue sentenciado a 45 años por conspirar para importar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El indulto borró una de las persecuciones por narcóticos más ambiciosas en la historia del país.
Mensajes simbólicos
Contraste con Maduro: evidencia de aplicación selectiva basada en alineamientos políticos.
Papel de Roger Stone: presión narrativa para presentar el caso como “guerra legal”.
Implicaciones regionales
Riesgo de desestabilización institucional.
Fragilidad de la justicia transnacional.
Relevancia para México y el debate jurídico‑cultural.
LA SOBERANÍA EN LA ERA DE LA GEOPOLÍTICA PERSONALISTA
La soberanía ha sido, durante siglos, el principio que define la autonomía de los Estados. Pero en la era de la geopolítica personalista, esta noción comienza a desdibujarse.
El indulto a Hernández no solo anuló una condena. Reescribió su significado. Lo que antes era una sanción legal se convirtió en una narrativa de redención política.
Esto plantea preguntas profundas:
¿Quién define lo que es justo?
¿Qué queda de la soberanía jurídica cuando un líder extranjero puede absolver a un expresidente de otro país?
¿Qué ocurre cuando el destino legal de un gobernante depende más de alianzas políticas que de instituciones nacionales?
La geopolítica personalista opera mediante vínculos personales, lealtades ideológicas y gestos simbólicos que cruzan fronteras. En este modelo, la soberanía deja de ser un escudo y se convierte en una ficha en el tablero del poder.
LA JUSTICIA COMO MONEDA FACCIONAL EN EL HEMISFERIO
En un sistema político estable, la justicia se concibe como un conjunto de reglas aplicadas de manera imparcial. Pero en el contexto actual, la justicia se ha convertido en un recurso estratégico dentro de un conflicto político más amplio.
El caso Hernández muestra cómo los juicios, las sanciones y los indultos funcionan como señales dentro de un sistema de alianzas. Cada decisión judicial es interpretada como triunfo o derrota de una facción. La justicia se vuelve un campo de batalla simbólico.
Cuando la justicia se convierte en herramienta faccional, pierde su capacidad de actuar como árbitro. Su autoridad se erosiona. La confianza pública se debilita. Y en ese vacío, las narrativas políticas ocupan el lugar que antes pertenecía a los hechos.
HACIA UNA CONTRA‑IMAGINACIÓN DE LA JUSTICIA
Frente a este escenario, surge la necesidad de imaginar alternativas. No basta con denunciar la instrumentalización de los tribunales. Es necesario construir una visión distinta de la justicia, capaz de resistir la presión de los liderazgos personalistas.
La justicia necesita una narrativa propia. Una narrativa que recuerde que no pertenece a las facciones, ni a los gobiernos, ni a los líderes, sino a la comunidad política en su conjunto.
Para ello, se requieren mecanismos regionales que actúen como contrapeso, así como un trabajo cultural y simbólico que devuelva a la justicia su capacidad de hablar en nombre de la dignidad, la memoria y la responsabilidad colectiva.
La contra‑imaginación de la justicia es también un acto poético: la creación de un lenguaje que permita nombrar aquello que la lógica faccional intenta borrar.
El caso Hernández muestra la urgencia de este esfuerzo. Sin una contra‑imaginación, la justicia seguirá siendo un campo de batalla. Con ella, puede volver a ser un fundamento de convivencia.
Referencias
Kittrie, O. F. (2016). Lawfare: Law as a weapon of war. Oxford University Press.
Malem Seña, J. (2025). Lawfare. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, (48), 1–20.
MATERIA:PERSPECTIVA DE GÉNERO, herramienta de reflexión y análisis en la transformación de la realidad social
DOCENTE:Profra. Erika Guadalupe Patrón Loeza
TÍTULO:Semana 5. Cartel. Estereotipos de Género.
ALUMNO: Jorge Castillo Martínez
FECHA:Pachuca de Soto, Hidalgo; a 10 de agosto de 2025
🧠 Estereotipos de género
Introducción
Los estereotipos de género son construcciones sociales que asignan roles, conductas y expectativas diferenciadas a hombres y mujeres. En el ámbito jurídico mexicano, estas ideas preconcebidas han influido históricamente en la legislación, la práctica judicial y el acceso a la justicia. Buscamos analizar cómo se manifiestan los estereotipos de género y qué implicaciones tienen para la igualdad sustantiva.
Un poco de contexto
En México, la Constitución Política reconoce la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 1º y 4º), pero en la práctica persisten normas y criterios judiciales que reproducen estereotipos. Por ejemplo, en casos de violencia familiar, algunas resoluciones han minimizado el daño bajo la premisa de que “los conflictos domésticos son normales”, lo cual perpetúa la idea de que las mujeres deben tolerar agresiones en el hogar.
Asimismo, en el ámbito laboral, el estereotipo de que las mujeres son menos aptas para cargos directivos ha influido en decisiones judiciales sobre despidos y discriminación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios para erradicar estos prejuicios, como en la tesis aislada 1a. CCLXXXVII/2015, donde se establece que los jueces deben evitar estereotipos al valorar pruebas en casos de violencia de género.
El Derecho mexicano ha avanzado con reformas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas requiere una transformación cultural profunda en operadores jurídicos.
Conclusiones
Los estereotipos de género siguen siendo un obstáculo para la justicia en México. Aunque el marco normativo ha evolucionado, la práctica jurídica aún refleja prejuicios que afectan principalmente a las mujeres. Es indispensable fortalecer la capacitación en perspectiva de género, promover sentencias con enfoque igualitario y fomentar una cultura jurídica libre de estereotipos.
Fuentes:
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2015). Tesis aislada 1a. CCLXXXVII/2015. https://www.scjn.gob.mx
Cámara de Diputados. (2023). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. https://www.diputados.gob.mx
Condon, B. (Director). (2004). Kinsey, el científico del sexo [Película]. Fox Searchlight Pictures.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003, 11 de junio). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 1 defebrero). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Librede Violencia. Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2006, 1 deagosto). Ley General para la Igualdad entre Mujeres yHombres. Diario Oficial de la Federación.
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). (10 de agosto de 2025).
García Canclini, N. (2007). La cultura en la era de la globalización. En J. Martín Barbero & C. A. Roncagliolo (Eds.), Comunicación y cultura en América Latina (pp. 45–67). Fondo de Cultura Económica.
García Canclini, N. (1990). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo.
Como foro diagnóstico y aprovechando las relativas libertades que el tipo de actividad permite, comentaré que podría hacerse uso de la IA para responder cada pregunta.
No obstante, no basta ni es suficiente para aprender, eso todos sabemos y no podemos engañarnos al respecto.
En contraparte, sabiendo este contexto paralelo y similar en diversos campos y sectores de profesión y enseñanza, el interés de un servidor, al emprender el estudio formal del derecho, es abordar los problemas de equidad, falta de derechos humanos y su violación; la necesidad de legalidad, justicia y falta de integridad, de raíz, en lo objetivo y concreto. Ya he hecho labor de arte de protesta, de crítica, periodismo de investigación y activismo, en desde, fuera y a pesar del empleo formal.
No cansamos ni rendimos. Lo triste es ver y comprobar cómo, repetidamente y sin límite de impunidad, desvergënza y descaro, gente se supone tendría que vigilar, cumplir y hacer cumplir la ley : sólo corrompe y enseña a corromperla. Los conceptos fundamentales se toman como adorno vacío necesario de éxito y educación, de “seguridad” y encima “social”; cuando se termina practicando y haciendo lo opuesto. Incluso, pensando que eso está bien y es lo que haría cualquier persona «madura».
Espero compartir más, y más a fondo, sobre mi trabajo relativo al activismo en favor de la correcta y adecuada, a lo largo del curso, si fuese de interés.
En todo caso, Mi intención ha sido es y seguirá siendo tomar y dar a luz todo lo real, esencial y auténtico de todo aprendizaje y ejercicio posible.
Derecho a la seguridad social – 008 Foro diagnóstico 12072025 – JCM
Diferencia entre derecho social y seguridad social
Marco Jurídico de la Seguridad Social en México
El Instituto Mexicano del Seguro Social, definición y estrucutra orgánica
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Misión, visión y marco jurídico
Definición de la Seguridad Social como Derecho Humano
Diferencia entre derecho social y seguridad social
1. Introducción
El derecho social y la seguridad social son conceptos afines en el ámbito del Estado de bienestar, pero difieren en su naturaleza, alcance y mecanismo de aplicación. Mientras el primero alude a un conjunto de normas y principios que garantizan el acceso a condiciones de vida dignas, el segundo corresponde a un régimen institucional y financiero que protege a las personas frente a determinadas contingencias. A continuación se describen ambos conceptos y se señalan sus diferencias esenciales.
2. Derecho social
El derecho social es una categoría jurídica de carácter público cuya finalidad es tutelar colectivos vulnerables y promover la justicia distributiva.
Surge históricamente de la reacción de los movimientos obreros y de las crisis sociales tras la Revolución Industrial, y se consolida con la incorporación de derechos sociales en las constituciones de principios del siglo XX (Sosa, 2014).
No se limita al ámbito laboral ni a un único sistema de prestaciones, sino que abarca disciplinas como el derecho del trabajo, agrario, de la seguridad social, de protección al consumidor, de la vivienda y al medio ambiente, entre otras (Ewald, 1997; Sosa, 2014).
Su fundamento es el reconocimiento del ser humano como sujeto de derechos integrales, donde el Estado asume la responsabilidad de crear mecanismos normativos y políticas públicas para elevar la calidad de vida (Radbruch, 1951/1978).
3. Seguridad social
La seguridad social es un régimen público-privado diseñado para asegurar prestaciones económicas y servicios médicos ante riesgos sociales específicos.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, comprende la protección contra contingencias como enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, vejez, desempleo y muerte, garantizando al menos un nivel mínimo de subsistencia y atención sanitaria (García Guzmán, 2014).
Funciona mediante un financiamiento tripartito: aportaciones de trabajadores, empleadores y el Estado, las cuales se administran en instituciones especializadas (Estrada Marún & Apáez Pineda, 2009).
Su configuración concreta depende de leyes específicas (p. ej., Ley del Seguro Social en México), reglamentos técnicos y planes de beneficios que definen categorías de afiliación, requisitos y procedimientos de acceso.
4. Diferencias clave
Aspecto
Derecho social
Seguridad social
Naturaleza
Conjunto de principios y normas constitutivas
Sistema operativo de protección (prestaciones y servicios)
Alcance
Derecho humano de carácter general
Cobertura frente a riesgos y contingencias específicas
Segmentado en regímenes (enfermedad, vejez, desempleo, etc.)
Mecanismo de ejecución
Políticas públicas y legislación transversal
Contribuciones, fondos y entidades de seguridad social
Obligación
Deber del Estado de garantizar condiciones dignas
Obligación de afiliación y cotización (cuando es contributiva)
Beneficiarios
Toda la población, con énfasis en grupos vulnerables
Trabajadores afiliados y sus derechohabientes
5. Conclusión
El derecho social y la seguridad social convergen en el objetivo de mejorar el bienestar y la dignidad de las personas, pero se diferencian en su naturaleza jurídica y operativa. El primero establece principios y obligaciones estatales para tutelar derechos económicos, sociales y culturales. La seguridad social, en cambio, es la materialización de una parte de ese derecho a través de un sistema institucional financiado y reglamentado que atiende riesgos concretos. Comprender esta distinción es clave para diseñar políticas públicas integrales que articulen un marco jurídico amplio con mecanismos de protección eficaces y sostenibles.
Referencias
Ewald, F. (1997). El concepto de derecho social. Revista Contextos, 1, 99–122.
Estrada Marún, J. A., & Apáez Pineda, Ó. J. (2009). El derecho a la seguridad social. Universidad Nacional Autónoma de México.
García Guzmán, M. (2014). Derecho a la seguridad social. Estudios Políticos (México), (32), 191–220.
Radbruch, G. (1951/1978). Introducción a la filosofía del derecho (3.ª reimp.). Fondo de Cultura Económica.
Sosa, R. A. (2014). Concepto y contenidos del derecho social. Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata.
Marco Jurídico de la Seguridad Social en México
Introducción
La seguridad social en México está consagrada como un derecho humano que garantiza a la población el acceso a prestaciones médicas, económicas y sociales frente a contingencias como enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez, envejecimiento y desempleo. Su marco jurídico se articula a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales especializadas, normas reglamentarias y convenios internacionales ratificados por el país.
Disposiciones Constitucionales
Artículo 4°: Reconoce el derecho a la salud y ordena al Estado proveer servicios públicos de salud y protección social.
Artículo 27: Establece la facultad del Estado para regular la propiedad y explotación de recursos, sentando bases financieras del sistema de seguridad social.
Artículo 123, fracción XXIX: Impone la obligación de generar un sistema de seguridad social que cubra riesgos de maternidad, enfermedad, accidentes, vejez y muerte; otorga al Congreso facultad para legislar al respecto.
Principales Leyes Federales
Ley
Objeto principal
Ley del Seguro Social (LSS)
Regula el régimen obligatorio de seguridad social: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro y vejez; guarderías y prestaciones sociales. Crea al IMSS como ente descentralizado de gestión tripartita (Estado, patrones y trabajadores).
Ley del ISSSTE
Establece el régimen de seguridad social para empleados públicos federales: atención médica, pensiones, prestaciones sociales y vivienda. Reformada en 2007.
Ley del INFONAVIT
Crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, otorgando créditos hipotecarios a derechohabientes del IMSS y el ISSSTE (1972).
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR)
Introduce cuentas individuales administradas por AFORE para el retiro de trabajadores, transformando el esquema de pensiones de beneficio definido a contribución definida (1997).
Ley del ISSFAM
Regula el régimen de seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, incluyendo prestaciones médicas y pensiones especiales (2002).
Reglamentos y Normas Secundarias
Complementan las leyes federales:
Reglamento de la LSS: Detalla procedimientos de afiliación, cobranza de cuotas y otorgamiento de prestaciones.
Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Ej. NOM-035-STPS-2018 para prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, vinculada con seguridad social preventiva y de salud mental (Cotonieto-Martínez, 2021).
Convenios Internacionales
México ha ratificado convenios de la OIT que armonizan su marco interno con estándares globales:
Convenio 102: Norma mínima de seguridad social (1952).
Convenio 121: Seguro de desempleo (1964).
Convenio 190: Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (ratificado 2022).
Evolución y Retos Actuales
Desde la Constitución de 1917 hasta las reformas más recientes, el sistema mexicano ha ampliado su cobertura y diversificado sus regímenes contributivos y voluntarios. Los retos pendientes incluyen:
Extender la cobertura universal de salud y pensiones a la población informal.
Asegurar la sostenibilidad financiera del IMSS y del ISSSTE.
Modernizar prestaciones ante cambios demográficos (envejecimiento) y laborales (teletrabajo, economía digital) (Mendizábal Bermúdez, 2023).
Referencias
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. (1917). Diario Oficial de la Federación.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE]. (2007). Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2007.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores [INFONAVIT]. (1972). Ley del INFONAVIT, Diario Oficial de la Federación.
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro [SAR]. (1997). Diario Oficial de la Federación, 26 de agosto de 1997.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas [ISSFAM]. (2002). Diario Oficial de la Federación, 30 de julio de 2002.
Cotonieto-Martínez, E. (2021). Evolución de la seguridad social en México y su relación con el contexto socioeconómico nacional (1900–2020). Journal of Negative and No Positive Results, 5(7). https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.3511
El Instituto Mexicano del Seguro Social: Definición y Estructura Orgánica
Introducción
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la principal institución de seguridad social en México, encargada de proteger la salud y el bienestar económico de los trabajadores y sus familias. Su fundamento legal se asienta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Seguro Social, que le confieren personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. Comprender su definición y estructura orgánica resulta esencial para valorar su capacidad operativa y de gobernanza en el sistema nacional de seguridad social.
Definición Institucional
La Ley del Seguro Social (1995) establece que el IMSS es “un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, al cual la Ley encomienda la organización y administración de la seguridad social” (arts. 4 y 5). Este carácter tripartito implica la participación equitativa del Estado, los empleadores y los trabajadores en sus órganos de gobierno y en la toma de decisiones sobre políticas y prestaciones que brinda la institución.
Órganos Superiores
La estructura de gobierno del IMSS contempla cuatro órganos superiores, descritos en el Manual de Organización aprobado por el Consejo Técnico (2018):
Asamblea General: máxima autoridad, integrada por 30 representantes (10 del Ejecutivo Federal, 10 de patrones y 10 de trabajadores).
Honorable Consejo Técnico: órgano de dirección colegiada encargado de aprobar manuales y políticas institucionales.
Comisión de Vigilancia: supervisa la actuación del Consejo Técnico y la Dirección General, con seis miembros designados por la Asamblea.
Dirección General: instancia ejecutiva responsable de concretar las decisiones de los órganos normativos.
Dirección General y Direcciones Centrales
Bajo la Dirección General operan las siguientes direcciones centrales, cada una con funciones sustantivas específicas (IMSS, 2018):
Secretaría General
Dirección de Prestaciones Médicas
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales
Dirección de Incorporación y Recaudación
Dirección Jurídica
Dirección de Finanzas
Dirección de Administración
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Dirección de Planeación Estratégica Institucional
Estas unidades diseñan y supervisan programas, garantizan el correcto uso de recursos y coordinan la ejecución de servicios médicos, económicos y sociales a nivel nacional.
Órganos de Operación Desconcentrada
Para acercar los servicios a los derechohabientes, el IMSS cuenta con:
Delegaciones Regionales: estructuras territoriales que descentralizan facultades de administración y operación en cada entidad federativa.
Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE): hospitales de tercer nivel que ofrecen atención de alta complejidad.
Ambos órganos funcionan con autonomía operativa dentro de los lineamientos y manuales emitidos por el Consejo Técnico y la Dirección General, asegurando la cobertura y calidad en toda la República Mexicana.
Conclusión
La definición legal del IMSS como organismo tripartito y su compleja estructura orgánica —compuesta por órganos superiores, direcciones centrales y unidades desconcentradas— reflejan un diseño institucional orientado a integrar la participación de diversos actores y optimizar la prestación de servicios de salud y prestaciones económicas. Este entramado normativo y administrativo es la base para garantizar el derecho a la seguridad social de millones de mexicanos.
Instituto Mexicano del Seguro Social. (2018). Manual de organización del Instituto Mexicano del Seguro Social [Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250718/195.P.DA y Anexo único]. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n277.pdf
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado: Misión, Visión y Marco Jurídico
Introducción
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) fue creado en 1960 como organismo público descentralizado para garantizar la protección integral de la salud y el bienestar económico de los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de sus derechohabientes. Su concepción tripartita articula la participación del Estado, los patrones y los trabajadores en el diseño y administración de seguros, prestaciones y servicios sociales【1†LISSSTE】.
Misión
La misión del ISSSTE consiste en “contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumplimiento, siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia” (ISSSTE, s.f., sección “MISIÓN”)【2†ISSSTE】. Esta declaración subraya el enfoque en la calidad, la ética y la calidez en la atención, así como el compromiso con la eficiencia administrativa.
Visión
La visión institucional plantea “posicionar al ISSSTE como un organismo público descentralizado que garantice la protección integral de los trabajadores de la Administración Pública Federal, pensionados, jubilados y sus familias de acuerdo con el perfil demográfico de la derechohabiencia, con el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de conformidad con la normatividad vigente, bajo códigos normados de calidad y calidez, con solvencia financiera, que permitan generar valores y prácticas que fomenten la mejora sostenida de bienestar, calidad de vida y el desarrollo del capital humano” (ISSSTE, s.f., sección “VISIÓN”)【2†ISSSTE】. La visión incorpora elementos de sostenibilidad financiera, adaptación demográfica y cultura de la calidad.
Marco Jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El fundamento constitucional del ISSSTE se encuentra en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Allí se establece que el Estado debe organizar y regular la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, garantizando seguros de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, retiro y muerte, así como prestaciones sociales y servicios culturales y de vivienda【3†CPEUM】.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007— regula el régimen obligatorio y voluntario del ISSSTE, define sus objetivos, su organización, los seguros obligatorios (salud, riesgos del trabajo, retiro y vejez, invalidez y vida) y las prestaciones sociales (préstamos, vivienda, servicios culturales)【1†LISSSTE】. La LISSSTE otorga personalidad jurídica y patrimonio propio al Instituto, así como facultades para celebrar convenios con entidades federativas y municipios que se sumen a su régimen.
Convenios Internacionales
México ha ratificado diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para armonizar su marco de seguridad social con estándares internacionales:
Convenio 102: Norma mínima de seguridad social (1952), que establece la cobertura esencial en salud, vejez, desempleo y riesgos laborales (OIT, 1952).
Convenio 121: Seguro de desempleo (1964), que promueve esquemas de protección ante la pérdida involuntaria del empleo (OIT, 1964).
Estas ratificaciones obligan al país a mantener y fortalecer la universalidad y suficiencia de las prestaciones sociales.
Conclusión
El ISSSTE articula, a través de su misión y visión, un proyecto institucional orientado al bienestar integral de los trabajadores públicos y sus familias, sustentado en valores de honestidad, legalidad y transparencia. Su marco jurídico se apoya en la Constitución (art. 123 B), la LISSSTE y normas internacionales de la OIT, conformando un sistema de seguridad social de amplia cobertura y orientado a la mejora continua de la calidad de vida y la sostenibilidad financiera.
Referencias
Gobierno de México. (2007). Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [LISSSTE]. Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2007. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. (1917). Diario Oficial de la Federación.
Definición de la Seguridad Social como Derecho Humano
Introducción
La seguridad social ha evolucionado desde formas de asistencia mutua en comunidades de trabajadores hasta convertirse en un derecho humano fundamental reconocido en instrumentos internacionales. Este derecho garantiza la protección frente a contingencias que afectan la capacidad de generar ingresos o acceder a servicios básicos, y está vinculado íntimamente con la dignidad humana y la justicia social.
Conceptualización del derecho humano a la seguridad social
La seguridad social, como derecho humano, se define como la protección que la sociedad proporciona a las personas mediante medidas públicas que aseguran el acceso a la asistencia médica y a un nivel de ingresos digno en contingencias tales como enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, vejez, desempleo y muerte de un familiar (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 2008). Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este derecho incluye el “derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: la falta de ingresos procedentes del trabajo…, gastos excesivos de atención de salud; y un apoyo familiar insuficiente” (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], n.d.).
Marco normativo internacional
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consagró por primera vez el derecho a la seguridad social como garantía esencial para el bienestar individual y colectivo (United Nations, 1948). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reforzó este reconocimiento en su artículo 9, obligando a los Estados a adoptar medidas progresivas, según sus recursos, para asegurar su ejercicio (United Nations, 1966).
Complementariamente, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1952) estableció normas mínimas de cobertura, definiendo las contingencias básicas que los regímenes de seguridad social deben amparar y señalando la necesidad de un financiamiento tripartito que involucre al Estado, empleadores y trabajadores para garantizar su sostenibilidad.
Obligaciones estatales y principios fundamentales
El Comité DESC, en su Observación General N°. 19, precisó los contenidos esenciales del derecho a la seguridad social y estableció los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (principios AAAA), así como las obligaciones de respetar, proteger, promover y cumplir este derecho, subrayando la obligación de progresividad y la prohibición de regresividad (CESCR, 2008). A nivel nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha destacado la progresividad, la no discriminación y la participación tripartita como pilares del disfrute efectivo de la seguridad social (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017). Asimismo, Patricia A. Rossi enfatiza la importancia de la justiciabilidad de este derecho, señalando que los tribunales especializados juegan un papel clave en su exigibilidad (Rossi, 2024).
Dimensión socioeconómica y rol estabilizador
El Informe Mundial sobre la Protección Social 2017–19 de la OIT subraya el papel estabilizador de la seguridad social, al reducir la pobreza, mitigar desigualdades y promover la inclusión social. El reporte aboga por sistemas universales de protección que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y adapten sus programas a los cambios demográficos y laborales (International Labour Organization [ILO], 2017).
Conclusión
La seguridad social como derecho humano es un componente indispensable del ordenamiento internacional de derechos humanos. Su reconocimiento en la Declaración Universal, el PIDESC y las normas de la OIT establece obligaciones claras para los Estados y requiere marcos legales y administrativos que garanticen cobertura amplia, sostenibilidad financiera, no discriminación y participación activa de trabajadores, empleadores y autoridades. La exigibilidad de este derecho ante tribunales nacionales e internacionales refuerza su carácter de garantía esencial para la dignidad y el desarrollo equitativo de las personas.
Los siguientes documentos, dan fe de mi participación, conocimiento y competencia referente al cumplimiento de la actividad de archivo en las oficinas de la subsecretaría de educación básica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, actividad sobre la cual las autoridades, con dolo y negligencia, evaden su cumplimiento.
Es plenamente evidente que las «autoridades», en contra de toda norma, desestiman y obstruyen a las personas capaces de dar buenos resultados en sus labores, para colocar a personas a quienes no importe violentar las leyes que regulan nuestras funciones, y a quienes no importa la calidad del trabajo que realizan, con tal de conservar sus mal ganados privilegios.
Es plenamente evidente que las «autoridades», en contra de toda norma, desestiman y obstruyen a las personas capaces de dar buenos resultados en sus labores, para colocar a personas a quienes no importe violentar las leyes que regulan nuestras funciones, y a quienes no importa la calidad del trabajo que realizan, con tal de conservar sus mal ganados privilegios.
DESEO / FALTA DE DESEO ● ilusión/desilusión ● ¿Cómo gestionar? 9 pasos.
*** Método JCM ***
«Sin ilusiones, y sin desilusionarse.» Antonio Gramsci
1. Liberar el deseo al máximo.
2. Ser uno mismo con la idealización.
3. Ser consciente y no intentar ni inhibir ni prolongar el deseo o ilusión.
4. Existen «medios», metas, objetivos, misiones, etc. Cada cosa es diferente.
5. Deseo y/o ilusión NUNCA son «fines».
6. Por lo tanto, como motivadores o medios, y más allá de ello, uno debe saber cuál es la misión personal, por un lado; y, por otro, si se coincide o no, y hasta qué punto, con otras personas.
7. Ser uno con la falta de deseo o «desilusión» INEVITABLES.
8. Si actuamos bien, honestamente, con nosotr@s mism@s y hacia los demás, sabiéndonos cómplices —facilitadores— de nuestros procesos de aprendizaje, jamás será necesario arrepentirnos de nada ni de nadie. TODO se manifiesta en su verdadero propósito. Deviene CONOCIMIENTO útil, ultra vigente, y arje-preciso.
9. Entender eso es NUNCA tener miedo, ni estar falt@ de nada, ni absort@s, ni dependientes, ni confundid@s.
And if I ever lose my legs, I won´t walk. But I won’t beg…
Secretaría de Filosofía en Hidalgo 