Cuando la ley se vuelve arma: El caso Hernández y la búsqueda de una contra-imaginación de la justicia
Introducción
La relación entre derecho y poder en Latinoamérica atraviesa un momento de profunda transformación. En un escenario marcado por la polarización política, la erosión institucional y la creciente influencia de liderazgos personalistas, la justicia ha dejado de ser un territorio neutral. Conceptos como lawfare y contra‑lawfare se han vuelto indispensables para comprender cómo los procesos judiciales pueden convertirse en armas narrativas, instrumentos de legitimación o mecanismos de persecución.
El indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández en 2025 no solo reconfiguró el destino jurídico de un expresidente hondureño. También expuso, con una claridad inquietante, la fragilidad de la soberanía, la plasticidad de la justicia y la disputa por el significado mismo de la ley en el hemisferio.
Este ensayo examina ese caso como un punto de inflexión y propone una reflexión más amplia sobre la necesidad de imaginar nuevas formas de justicia capaces de resistir la captura faccional y la manipulación geopolítica.
“LAWFARE”, “CONTRA‑LAWFARE” Y EL CASO HERNÁNDEZ
El término lawfare se utiliza para describir el uso de las instituciones legales como armas en conflictos políticos. En Latinoamérica, esta idea se ha vuelto central para entender cómo muchos líderes y movimientos interpretan los juicios, las investigaciones y las decisiones judiciales. El concepto es utilizado por distintos grupos ideológicos y suele funcionar más como una herramienta narrativa que como una doctrina jurídica precisa.
El caso de Juan Orlando Hernández ilustra claramente esta dinámica. Su condena en Estados Unidos fue presentada como un logro importante en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Para muchos observadores, demostró que incluso un expresidente podía ser responsabilizado cuando las instituciones de su propio país eran incapaces o no estaban dispuestas a actuar.
Sin embargo, el significado de un juicio nunca es fijo. Cuando Donald Trump regresó a la presidencia en 2025, reinterpretó la condena de Hernández como un ejemplo de persecución política llevada a cabo por la administración anterior. Su decisión de indultar a Hernández no fue presentada como un acto de misericordia. En cambio, fue descrita como la corrección de lo que él consideraba un proceso judicial motivado políticamente.
Este cambio transforma la idea misma del indulto. El perdón se convierte en una declaración de que el proceso legal estuvo viciado o corrompido. En esta interpretación, el soberano no perdona: el soberano denuncia. El acto de clemencia se convierte en una acusación dirigida a las instituciones que llevaron a cabo el juicio.
Las implicaciones van más allá de Estados Unidos y Honduras. Si un líder extranjero puede anular el destino legal de un expresidente condenado en sus propios tribunales, entonces la frontera entre justicia interna y estrategia geopolítica se vuelve difusa. El indulto envía un mensaje a los actores políticos de toda la región. Sugiere que la lealtad puede ser recompensada incluso después de una condena, y que los procesos judiciales pueden reinterpretarse como persecución cuando entran en conflicto con los intereses de un movimiento político.
A esto se le puede llamar contra‑lawfare. No se trata solo de resistir los procesos legales. Se trata de reinterpretarlos activamente como ilegítimos. Es una lucha por la autoridad misma de la ley. En esta lucha, el caso Hernández se convierte en un símbolo y en un precedente. Muestra cómo la justicia puede transformarse en un recurso político que cruza fronteras y sirve a los objetivos de facciones en competencia.
La pregunta más profunda es simple e inquietante: ¿qué queda de la justicia cuando su legitimidad puede deshacerse únicamente mediante una narrativa? Si la ley se convierte en un espacio disputado de significados, entonces la soberanía misma se vuelve inestable. El indulto a Hernández revela esta inestabilidad. Muestra cómo la ley puede ser tanto un instrumento como un objetivo del poder político, y cómo la excepción puede convertirse en la regla en un mundo donde la legalidad se renegocia constantemente.
EL INDULTO COMO MANIOBRA GEOPOLÍTICA
El indulto de Trump a Juan Orlando Hernández a finales de 2025 fue una maniobra geopolítica estratégica destinada a reconfigurar la influencia de Estados Unidos en Centroamérica, contrarrestar a los gobiernos de izquierda y reforzar los bloques conservadores alineados con Trump. Coincidió con una elección hondureña decisiva y debilitó una condena histórica por narcotráfico en Estados Unidos.
Contexto geopolítico del indulto. Momento y estrategia política.
- Fecha del indulto: 28 de noviembre de 2025, apenas dos días antes de las elecciones generales de Honduras.
- Público objetivo: sectores conservadores hondureños, especialmente el Partido Nacional, cuyo candidato Nasry “Tito” Asfura contaba con el respaldo de Trump.
- Objetivo: influir en la elección restaurando la credibilidad del antiguo líder del partido y desacreditando la acusación presentada durante la administración Biden.
Cambio en la política exterior de Trump
- Doctrina transaccional: priorizó la lealtad y la alineación ideológica por encima de la justicia institucional.
- Realineamiento regional: el indulto formó parte de un esfuerzo para contrarrestar la “Marea Rosa” en América Latina.
Debilitamiento de la autoridad judicial estadounidense
- Hernández fue sentenciado a 45 años por conspirar para importar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
- El indulto borró una de las persecuciones por narcóticos más ambiciosas en la historia del país.
Mensajes simbólicos
- Contraste con Maduro: evidencia de aplicación selectiva basada en alineamientos políticos.
- Papel de Roger Stone: presión narrativa para presentar el caso como “guerra legal”.
Implicaciones regionales
- Riesgo de desestabilización institucional.
- Fragilidad de la justicia transnacional.
- Relevancia para México y el debate jurídico‑cultural.
LA SOBERANÍA EN LA ERA DE LA GEOPOLÍTICA PERSONALISTA
La soberanía ha sido, durante siglos, el principio que define la autonomía de los Estados. Pero en la era de la geopolítica personalista, esta noción comienza a desdibujarse.
El indulto a Hernández no solo anuló una condena. Reescribió su significado. Lo que antes era una sanción legal se convirtió en una narrativa de redención política.
Esto plantea preguntas profundas:
- ¿Quién define lo que es justo?
- ¿Qué queda de la soberanía jurídica cuando un líder extranjero puede absolver a un expresidente de otro país?
- ¿Qué ocurre cuando el destino legal de un gobernante depende más de alianzas políticas que de instituciones nacionales?
La geopolítica personalista opera mediante vínculos personales, lealtades ideológicas y gestos simbólicos que cruzan fronteras. En este modelo, la soberanía deja de ser un escudo y se convierte en una ficha en el tablero del poder.
LA JUSTICIA COMO MONEDA FACCIONAL EN EL HEMISFERIO
En un sistema político estable, la justicia se concibe como un conjunto de reglas aplicadas de manera imparcial. Pero en el contexto actual, la justicia se ha convertido en un recurso estratégico dentro de un conflicto político más amplio.
El caso Hernández muestra cómo los juicios, las sanciones y los indultos funcionan como señales dentro de un sistema de alianzas. Cada decisión judicial es interpretada como triunfo o derrota de una facción. La justicia se vuelve un campo de batalla simbólico.
Cuando la justicia se convierte en herramienta faccional, pierde su capacidad de actuar como árbitro. Su autoridad se erosiona. La confianza pública se debilita. Y en ese vacío, las narrativas políticas ocupan el lugar que antes pertenecía a los hechos.
HACIA UNA CONTRA‑IMAGINACIÓN DE LA JUSTICIA
Frente a este escenario, surge la necesidad de imaginar alternativas. No basta con denunciar la instrumentalización de los tribunales. Es necesario construir una visión distinta de la justicia, capaz de resistir la presión de los liderazgos personalistas.
La justicia necesita una narrativa propia. Una narrativa que recuerde que no pertenece a las facciones, ni a los gobiernos, ni a los líderes, sino a la comunidad política en su conjunto.
Para ello, se requieren mecanismos regionales que actúen como contrapeso, así como un trabajo cultural y simbólico que devuelva a la justicia su capacidad de hablar en nombre de la dignidad, la memoria y la responsabilidad colectiva.
La contra‑imaginación de la justicia es también un acto poético: la creación de un lenguaje que permita nombrar aquello que la lógica faccional intenta borrar.
El caso Hernández muestra la urgencia de este esfuerzo. Sin una contra‑imaginación, la justicia seguirá siendo un campo de batalla. Con ella, puede volver a ser un fundamento de convivencia.
Referencias
Kittrie, O. F. (2016). Lawfare: Law as a weapon of war. Oxford University Press.
Malem Seña, J. (2025). Lawfare. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, (48), 1–20.
Secretaría de Filosofía en Hidalgo 